Propone Elsa Cordero reformas para eficientar el Poder Judicial

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AUTOR. ABC STAFF


JAIME XOCHITOTOTL COTE|

Al Poder Legislativo planteó propuestas de reforma al Código de Procedimientos Civiles y al Código de Procedimientos Penales de Tlaxcala

Con la finalidad de agilizar la administración de la justicia y evitar que los diligenciarios del Poder Judicial de Tlaxcala tengan pérdida de tiempo y un gasto excesivo en los traslados a los distintos municipios para hacer las notificaciones respectivas, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, envió al Congreso local una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles y el numeral 588 pero del Código de Procedimientos Penales, ambos ordenamientos de la entidad tlaxcalteca, para que los diputados integrantes de la LXII Legislatura la analicen y puedan adecuarla a la brevedad.

En el documento que fue recibido ayer por la Mesa Directiva del Poder Legislativo en el punto de correspondencia de la sesión ordinaria, se propone que se fije en el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado que “las personas que intervengan en el proceso (judicial) desinarán en el primer escrito o en la primera diligencia judicial un domicilio para recibir notificaciones ubicado en el lugar donde resida el Juzgado o Tribunal que lo tramita. Si por cualquiera circunstancia no hacen la designación, cambian de domicilio sin dar aviso o señalan uno falso, la notificación se les hará, aun cuando deba ser personal, en la forma que establece el artículo 586, haciéndose constar esa circunstancia”.

Es decir, que únicamente se fije dentro de la demarcación territorial en la que se encuentra el Juzgado o Tribunal que tramita el asunto, y no en otros municipios que también forman parte de la demarcación Distrital judicial, según se plantea en la iniciativa de Ley.

La ley vigente actualmente permite que los abogados y las partes interesadas pueden fijar domicilios de notificación en cualquier domicilio o lugar, por lo que los diligenciarios tienen que trasladarse a los distintos municipios que conforman los Distritos Judiciales, lo que genera gastos en los recursos humanos y económicos propiciando dilación de los tiempos “en perjuicio del justiciable, lo que no resulta acorde a los principios de celeridad, inmediatez procesal y acceso a la justicia pronta y expedita”.

Por lo que la aplicación de estas reformas, el Poder Judicial cumplirá con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, a efecto de que el proceso a desarrollarse dentro de los juicios regulados en el ordenamiento Procesal Civil del Estado, y se ahorre mayor tiempo, costo y recursos de las partes que se encuentran involucradas en una litis, asimismo permitirá brindar seguridad y evitar que alguna de ellas pueda quedar en estado de indefensión, al no enterarse de una notificación que deba ser personal, explicó la presidenta del TSJE en el escrito que envió al Congreso del Estado y que se turnó a la Comisión puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

Además, la adecuaciones darán “estabilidad al funcionamiento del Estado Constitucional de Derecho y para que pueda desempeñar de manera adecuada su función y en consecuencia se haga efectivo el acceso a la justicia como derecho humano” dentro del Poder Judicial al concretarse estas “acciones tendientes a su fortalecimiento”.

En lo que se refiere a la práctica de las notificaciones personales en materia penal, resulta pertinente modificar el artículo 588 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala con la finalidad de precisar que el señalamiento del domicilio para recibir notificaciones podrá ser realizado en el primer escrito que presenten las partes.

Así como en la primera diligencia en que intervengan, puesto que el texto vigente únicamente permite lo señalado en segundo término, explica la iniciativa de Ley que envió Cordero Martínez al Congreso del Estado.

Serán los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia que preside el priísta, Ignacio Ramírez Sánchez quienes analicen las dos propuestas de adecuación a las leyes estatales que plantea la presidenta del TSJE, y determinarán si las aprueban o no.

 

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