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Regina García Lozano


OPINIÓN | Ley de desaparición

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REGINA GARCÍA LOZANO |

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La desaparición de personas es uno de los mayores retos en materia de derechos humanos. Muchas víctimas han sido halladas en cientos de fosas clandestinas que se localizan en regiones azotadas por violentas luchas entre grupos criminales, que buscan controlar las rutas para el tráfico de drogas y personas, comenten secuestros y extorsiones, entre otros delitos. En México diversos crímenes no se denuncian tanto por temor a represalias de delincuentes como por desconfianza a la autoridad.

Cerca de 32,350 personas han sido reportadas como desaparecidas en los últimos 50 años, la mayoría de ellas durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con casi 18,600 casos, seguido de unos 13,252 en el periodo del ex presidente Felipe Calderón, según cifras oficiales.

Hace catorce días se dio la promulgación de la  Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,  después de que esta se aprobará por  el Congreso de la Unión, la secretaria de Gobierno en coordinación con los gobernadores de los estados, como lo es el caso de Tlaxcala, han comenzado los primeros trabajos para su implementación y entrada en vigor de dicha ley.

Con el periodo de vacatio legis establecido por la nueva ley y la abrogación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La ley entrará en vigor el 16 de enero del 2018 y pasaran180 días para que se de la instauración del Sistema Nacional de Búsqueda, presidido por el Secretario de Gobernación, e integrada por  el Procurador General de la República, Secretario de Relaciones Exteriores, Policía Federal entre otras dependencias relacionadas; al igual que contará con un Consejo Ciudadano de Consulta; dicho consejo ciudadano se integrara por cinco miembros de familiares desaparecidos, cuatro especialista del tema y cuatro representantes de organizaciones sociales; sesionando dos veces al año por lo menos y a petición de la tercera parte se podrá sesionar también; el desempeño de las funciones es de forma honorífica; se creará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: pero lo interesante de esta ley es que se crearan fiscalías especializadas a nivel nacional y en cada Estado, al igual que existirá la figura de fiscal local; se considerarán penas de 40 a 60 años de prisión, y de 10,000 a 20 ,000 días multa a las personas que cometan el delito de desaparición forzada de personas, sean servidores públicos o particulares.

De manera adicional, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.

En su artículo 27, de dicha ley contempla que quien cometa el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización y el apoyo de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o del paradero de la persona, se hará acreedor a una sanción.

Esto permite a las entidades federativas tener mecanismos de búsqueda de personas como el instaurado en la Ciudad de México que en asistencia con instancias como el Instituto Nacional Electoral, permite la localización de personas declaradas como desaparecidas.

El trabajo de las organizaciones civiles y de familiares de víctimas, en coordinación con las autoridades marca un precedente satisfactorio para la promulgación de dicha ley, pues la nueva norma pretende marcar un antes y un después en el combate a la impunidad por la desaparición de personas y la defensa de los derechos humanos.

Aunque por el momento no esta contemplado, organizaciones civiles, pidieron al presidente Enrique Peña Nieto a que autorice la visita del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, pendiente desde el 2014, y se adopten las competencias del mismo Comité para que las víctimas puedan acudir directamente ante estas instancias.

De permitirse la integración de la ONU al consejo ciudadano o al sistema nacional de búsqueda, se estaría alcanzando el nivel máximo de protección  en cuestión de  desapariciones, materia en la que al Estado mexicano le falta mucho camino por recorrer. Ya que tienen deudas pendientes con la sociedad y los familiares de las víctimas, pues este es problema que aqueja a México desde hace varias décadas.

Es imperante que esta ley no repita los errores del pasado, que coloque las necesidades de las víctimas en el centro de su aplicación e interpretación y deje afuera los formalismos que harían inoperante la ley, parte de ello es que el personal que forme parte del Sistema Nacional de Busqueda este lo suficientemente capacitado.

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